Los líderes del paro en Santa Cruz “no tienen motivos para seguir con la medidas” de presión, porque rige el decreto que fija para el 23 de marzo de 2024 el censo y las consecuencias no la paga el gobernador, los cívicos o el resto de los miembros del Comité Interinstitucional, sino el pueblo que vive del día a día, aseguró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Mediante decreto 4824, el presidente Luis Arce garantizó la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024, la redistribución de recursos a partir de septiembre del mismo año y la entrega de resultados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tema de escaños.
“Las consecuencias (del paro en Santa Cruz) no las está pagando el Gobierno, no las está pagando la dirigencia cívica ni el Comité Interinstitucional, sino la población que reclama trabajar día a día porque debe pagar alquiler, la deuda con la banca y otros”, aseguró.
El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, convocaron al paro que cumplió este lunes 24 días, marcado por la violencia, la discriminación y el racismo.
Durante el cabildo del domingo, aprobaron exigencias como una ley sobre el censo, fijado para el 2024, y “mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas” sean liberados los 17 detenidos en la quema de la sede campesina y el saqueo a oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz el viernes.
“No estamos pensando en los perjuicios a la población cruceña, nosotros consideramos como gobierno que no es necesario continuar con las medidas de presión, porque se está trabajando en el cumplimiento de la planificación y propuesta (censal)”, explicó en Bolivia Tv.
Al momento ninguna autoridad departamental o local se sumó a las decisiones del cabildo cruceño.
Alcón reiteró que el censo será eminentemente técnico e inclusivo, como lo comprometió el presidente Luis Arce.
Sobre la decisión del cabildo de revisar “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano”, la viceministra recordó que está vigente la Constitución Política del Estado y quienes deben explicar el alcance y contenido son quienes lo plantearon.
En los 24 días de paro en Santa Cruz se dieron hechos de violencia, racismo, discriminación, quema de una sede campesina, saqueo de las instalaciones de la COD y cerco a instituciones estatales.
