Con el fin de que los estudiantes de la UAGRM formen parte de las movilizaciones de protesta por la aprehensión de Luis Fernando Camacho, autoridades de esa universidad ampliaron la gestión universitaria desde el 4 hasta el 31 de enero para, según Deisy Choque y otras fuentes, obligar a los estudiantes a pasar clases en las puertas de las instituciones y participar en marchas y bloqueos.
En declaraciones a los medios de comunicación, la diputada preguntó en qué normativa están basadas las autoridades universitarias para ampliar el calendario y “obligar” a los estudiantes a participar en las protestas.
“En nuestras universidades públicas están los hijos de nuestros hermanos y hermanas, porque, lastimosamente, de los empresarios, de los terratenientes sus hijos estudian en universidades privadas, ¿por qué no sacan a sus hijos de las universidades privadas y los sacan a movilizarse, por qué a nuestros hijos quieren generar esta obligación por nota de salir a movilizarse? Entonces se ha hecho una petición de informe al rector de la universidad, que nos diga bajo qué normativas han lanzado estas resoluciones, pero también estamos haciendo la petición de informe al Ministerio de Educación, cuáles van a ser los actuados que van a ser de aquí en adelante con referencia a la vulneración de los derechos fundamentales de nuestros hijos de poder decidir y sobre todo de poder ir a estudiar, porque no los mandamos a ser violentos”, sostuvo.
En el contexto del paro indefinido en Santa Cruz, en noviembre de 2022, existieron sectores de estudiantes que no estaban de acuerdo con el pedido de Censo 2023 e, incluso, un grupo que sostuvo una huelga de hambre pidiendo el levantamiento del paro.
