Por: Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
La Séptima Disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha desatado un intenso debate y una creciente politización en Bolivia, evidenciando las tensiones entre la protección de los alimentos y la energía en el país y el oportunismo político de algunos sectores que buscan generar conflictos con fines partidarios. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para frenar el contrabando a la inversa y garantizar el abastecimiento interno de alimentos y combustibles, sectores opositores la denuncian como una acción confiscatoria que vulnera derechos fundamentales. La controversia ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), rompiendo así el diálogo y dejando sin voz a la población, que sufre las consecuencias del agio, la especulación, el contrabando y el acaparamiento. Muchos sectores esperaban la reglamentación de la medida para mejorar el control del comercio de bienes esenciales, pero la admisión de una acción de inconstitucionalidad ha suspendido su aplicación, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de esta regulación. En un contexto de creciente presión económica y social, la resolución de este conflicto marcará un precedente clave para la política comercial y de abastecimiento en Bolivia.
El contrabando a la inversa ha sido identificado como un factor clave en la escasez de productos básicos dentro del país. La exportación ilegal de alimentos y combustibles a países vecinos reduce la oferta en el mercado interno, elevando los precios y afectando a los ciudadanos. Frente a esto, el Gobierno ha impulsado esta normativa con el argumento de que es necesario reforzar los controles para evitar que los productos subsidiados por el Estado sean desviados fuera de las fronteras nacionales.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición, promovida por el diputado Miguel Roca, quien sostiene que la normativa tiene un carácter confiscatorio y restringe derechos fundamentales. Con esta admisión, la aplicación de la disposición queda en suspenso hasta que el TCP emita un fallo definitivo.
El conflicto revela una contradicción entre el rol del Estado como garante del bienestar económico y las limitaciones que puede imponer sobre la libre circulación de bienes. En este contexto, el Estado esperaba la participación de actores como los productores, comercializadores e intermediarios para la reglamentación necesaria. Sin embargo, ahora la situación se ha convertido en un tema político que genera controversia, ya que Roca ha logrado interrumpir este proceso de negociación y diálogo en defensa del ciudadano y la protección de los alimentos y carburantes en el país. Si bien es comprensible que el Gobierno busque evitar el desabastecimiento y estabilizar los precios internos, también es cierto que una regulación excesiva puede afectar el comercio y generar incertidumbre jurídica.
El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el control estatal y la libertad económica. La solución no debe ser simplemente endurecer sanciones, sino fortalecer mecanismos de control fronterizo sin afectar la actividad comercial legítima. De lo contrario, existe el riesgo de que estas restricciones generen mercados paralelos aún más difíciles de controlar.
El debate sobre la Séptima Disposición del PGE 2025 no es solo una discusión legal, sino también una cuestión de política económica y social. La decisión final del TCP será clave para definir los alcances del control estatal sobre el comercio de bienes esenciales y el impacto que esto tendrá en la economía boliviana en los próximos años.
