Amparo Carvajal, activista española nacionalizada boliviana, es reconocida en Bolivia por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, su trabajo divide opiniones: para unos es un símbolo de resistencia frente al poder; para otros, representa un activismo parcializado que no siempre ampara a todos los sectores vulnerados.
Carvajal llegó al país en 1971 como misionera y se integró en comunidades campesinas y mineras, trabajando en educación popular y acompañamiento social. Durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 colaboró con víctimas de persecución política, lo que cimentó su reputación como defensora de los perseguidos.
Desde 2016 fue presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cargo desde el que denunció violaciones a los derechos fundamentales, pero también generó polémica: sectores afines al gobierno y parte de la sociedad civil la acusan de tener una defensa selectiva y de guardar silencio frente a fuertes violaciones de derechos humanos en el país.
Masacre del Porvenir
En 2016, cuando Amparo Carvajal fue elegida presidenta de la APDHB, lo primero que hizo fue salir del proceso en el que se juzgaba al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros implicados en la masacre de campesinos en Porvenir. Esta decisión, que según miembros de la APDHB fue tomada de forma unilateral, generó un conflicto en la institución, pues la misma debía ser considerada en el Consejo Ejecutivo Nacional, hecho por el cual se barajó la posibilidad de llevar a Carvajal ante el Tribunal de Ética.
Conflictos de 2019
Carvajal tampoco asumió una posición sobre la muerte de ciudadanos en Sacaba y Senkata durante los conflictos políticos de 2019, ocasión en la que, por el contrario, habría pedido protección para los militares responsables.
En este contexto, también se convirtió en una acérrima defensora de Jeanine Áñez, quien se encuentra recluida por su participación en lo que se denominó el caso Golpe 1. Fue a visitarla al penal, organizó una marcha pidiendo su liberación y, en 2022, le dedicó el “Premio Libertad” que le entregó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Respaldo a jesuitas en caso sobre pederastia
Recientemente, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) cuestionó a Amparo Carvajal por enviar una carta al juez del caso contra los jesuitas españoles Marcos R. y Ramón A., acusados de encubrir abusos sexuales cometidos por Alfonso “Pica” Pedrajas. Según la CBS, la misiva priorizó la situación de los imputados y no la de las víctimas, lo que consideran un uso instrumental de la institución.
Testigos del caso afirmaron que los derechos de los acusados siempre fueron respetados, como demuestran las cuatro suspensiones del juicio, y cuestionaron que Carvajal no mostrara interés por el estado de las víctimas. Es más, existe el temor de que este tipo de pronunciamientos pueda presionar al juez y provocar retardación de justicia.
Pese a que la trayectoria de Carvajal es ampliamente reconocida, está marcada por fuertes controversias que siembran dudas sobre la parcialidad de su lucha por los derechos humanos en Bolivia.
